Reflexión: Nº 2, enero 2014


Roberto Badenas

 

Por Roberto Badenas

 

La LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa) se presenta como la esperada respuesta al gran desafío de la educación. Siendo la séptima reforma de la enseñanza en España en los últimos 35 años, y siendo que se define a sí misma como “Mejora de la Calidad Educativa” tendría que acercarse ya a la calidad deseada. Sin embargo, de momento, y para los que no pertenecemos al colectivo en beneficio del cual ha sido diseñada, este proyecto de ley parece plantear más incógnitas que soluciones.

 

En primer lugar, los que no formamos parte de la mayoría religiosa dominante, no encontramos esta ley democrática, porque se ha formulado y se quiere imponer sin consultación suficiente y sin el necesario diálogo. Por otra parte planea una organización jerárquica de los centros educativos, donde la dirección tiene el poder absoluto tanto en cuestiones pedagógicas como de gestión del personal y económicas, pudiendo seleccionar tanto a profesores como a alumnos. Lo cual abre la puerta a situaciones de discriminación para las minorías.

 

Nos preocupa que se atreva a atentar tan abiertamente contra el principio de libertad religiosa, porque incluye en el programa escolar la asignatura de Religión (Católica) como materia evaluable para hacer media con el resto de las asignaturas. Si la religión es una cuestión personal, que concierne en última instancia al individuo y al ámbito de las familias y de las comunidades religiosas a las que éstos pertenecen, la educación financiada por fondos públicos debería ser aconfesional y no favorecer una religión, aunque sea, por lo menos en teoría, la de la mayoría. Porque cuando no hay real separación entre la iglesia y el estado no se está atendiendo a todos por igual. Y es que lo de la nota en religión puede afectar en casos de tener que repetir curso, por ejemplo, o para conseguir becas estatales, o para ser admitidos en ciertos centros de estudio, etcétera.

 

Esta ventaja para la mayoría católica no es nueva en un estado en el que todos los españoles mantenemos con nuestros impuestos a la iglesia mayoritaria y a sus innumerables instituciones, aunque seamos musulmanes, protestantes o budistas. Pero los acuerdos de 1979 entre el gobierno español y el Vaticano, reforzados desde entonces, dejan poco margen de libertad sobre este punto. Esta ley intenta imponer lo que reclaman desde hace tiempo los obispos para atraer alumnos a unas clases de religión que cada vez están más vacías. El que la ley prevea una asignatura alternativa de valores sociales y éticos, quizá sea bueno en sí, pero no deja de ser paradójico, porque equivale a decir que esa formación ética y en valores sólo la necesitan los no católicos…

 

La ley tiene visos de segregadora también por otra parte. Porque al permitir y costear la organización de programas educativos (y hasta de escuelas) segregados por sexos, pone en peligro el derecho a la educación en igualdad de oportunidades. Es curioso que no busque una educación para la integración social y para la convivencia, un país en el que las taras del machismo y de la violencia de género siguen ocasionando víctimas. Parecería que quisiéramos volver a situaciones que, tras ímprobos esfuerzos, creíamos superadas…

 

Ojo pues a la LOMCE antes de que se imponga. Nuestros hijos merecen más respeto y mejor protección.